No cabe dudas que la campaña de las elecciones legislativa ha comenzado con la decisión presidencial de adelantar las mismas al 28 de junio próximo, y en ese sentido cada facción política comenzarán sus respectivos posicionamiento, y el primer movimiento importante lo acaba de realizar el Gobierno Nacional con la creación del Fondo Federal Solidario.
La iniciativa se la puede analizar desde tres planos diferentes, el institucional, el político y el económico, para analizar el impacto real que tendrá en el mejoramiento, o no, de la vida social de los argentinos.
Desde plano institucional, si bien no quedan dudas que el Poder Ejecutivo Nacional tiene facultades para dictar un decreto de necesidad y urgencia, la materia tratada tiene la suficiente conflictividad social como para que la iniciativa se discutiera en forma previa por todos los actores intervinientes en el marco del Congreso Nacional. Es decir, si bien la institucionalidad no se daña desde lo formal, el proyecto no conforma la legitimidad social necesaria, y coadyuva a seguir profundizando las divisiones entre los argentinos.
La consecuencia política es de mayor complicación de análisis, la medida tiene dos puntos de impacto bien definidos, por un lado apunta ha quitar argumentos a la dirigencia del agro en cuanto al carácter federal de las retenciones a la soja al volver coparticipable el tributo a través de este fondo especifico, por otro calmar los ánimos de gobernadores e intendentes remitiéndoles fondos frescos que alivien los preocupantes frentes fiscales provinciales, cada vez más en rojo por el impacto de lo crisis económica internacional y local.
La medida también muestra la debilidad extrema en la que se encuentra sumido el gobierno nacional, el paso del manejo de caja discrecional disciplinador a la distribución de fondos sin condiciones explicitas, no denota un cambio conceptual del manejo de los recursos públicos sino necesidades políticas de congraciarse con potenciales aliados en graves problemas económicos coyunturales.
Ahora bien, desde el punto de vista económico la iniciativa gubernamental ¿tiene efectos positivos mediatos o inmediatos para el conjunto de los argentinos? Creemos que no, veamos los argumentos:
- La medida no toca el fondo del conflicto de las retenciones a la soja, sobre todo no tiene en cuenta que las condiciones internacionales que llevaron al gobierno nacional a fijar el actual nivel de retenciones. En este punto no debemos perder de vista que previo a la Resolución 125 se había incrementado el nivel de retenciones al 35% por la generación de beneficios extraordinarios que podría generar el precio de la soja de aquel entonces (alrededor de U$S 400). Hoy esas circunstancias de precios ya no existen, ¿esos beneficios extraordinarios seguirán existiendo objetivamente?
- Desde el punto de vista fiscal consolidado a nivel nacional es neutro, dado el dinero que deja de tener la Nación pasa las Provincias y Municipios, pero desde un punto de vista keynesiano es negativo atento que posiblemente los fondos financien baches fiscales que ya estaban programados, es decir, no se producirán nuevas obras con impacto en el empleo.
En consecuencia la medida propuesta ni soluciona un conflicto que tiene parado una buena parte de la producción nacional en sus decisiones de inversión para el corriente año, ni aporta fondos frescos que deriven en obras publicas estatales que resulten paliativos o medidas de estimulo para el sostenimiento del empleo en la Argentina en el marco de la recesión en la que esta enmarcada.
La anunciado solo es un simple golpe de efecto electoral , entonces Good Show! Cristina.
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