La conclusión a que llegamos en los párrafos anteriores la podemos denotar en dos cuestiones generales, en primer termino, concluimos que la lucha fundamental del pueblo argentino sigue siendo de carácter dialectico, pueblo-antipueblo; en segundo termino que la composición de esos dos entidades en conflictos sigue siendo esencialmente la misma que en 1983.
Esa primaria impresión no nos debe llevar a razonamientos limitados, si bien los actores principales del conflicto siguen siendo los mismos, sus exteriorizaciones han mutado, plantearemos entonces sus caracterizaciones actuales.
El campo popular no ha mutado en general, sigue nutriéndose del proletariado rural e industrial, así como la mediana burguesía de los centros urbanos argentinos, pequeños y medianos productores de los diferentes estratos de producción, los profesionales independientes, y los estudiantes de distintos niveles. Lo que ha variado en forma profunda durante los 25 años de democracia es la participación activa en la militancia en acciones concretas en esta lucha desigual.
La desacreditación de los partidos políticos tradicionales ha disminuido al extremo los grados de participación de los ciudadanos, y en consecuencia durante la década de los noventa se efectivizaron retrocesos de los sectores populares sobre la distribución del ingreso logrados en décadas pasadas. Este vacio no ha sido cubierto por los movimientos sociales nacidos sobre los finales de la década de los noventas y comienzos de la presente, ni con las formaciones políticas surgidas de las diferentes escisiones producidas en la UCR y el PJ.
La consecuencia práctica de esta atomización de la causa popular en la Argentina es la falta de un frente común para la lucha por la defensa y recupero de los espacios perdidos en la década pasada. El capitalismo vernáculo, doblemente dependiente del Estado y del exterior, hace pie en estas contradicciones para hacer frente a sus propias contradicciones que desembocan en crisis recurrentes en el país, apropiándose durante estas de las rentas necesarias para mantener sus estándares de vida limitando a mantener bajo la línea de pobreza a amplios sectores de la población argentina.
El antipueblo durante estas dos décadas y media ha seguido su camino de transnacionalización y concentración profunda, en sintonía con la globalización de la economía. Por otro lado, logró avances importantes en las esferas decisión estatal, ya sea por haber desplazado al Estado en los roles de decisor o regulador de la actividad económica, o enquistando a personeros en espacios de decisión estatal que actúen a su favor.
La concentración de la economía en pocos actores es un proceso natural del capitalismo, pero en fase actual se ve potenciado por la necesidad de las grandes bancos de invertir sus de ganancias puramente financieras, sin base en la economía real. Esto último se ve traducido en pools de siembra en el sector agrícola, y grandes grupos de inversores que toman el control de empresas medianas y pequeñas, profundizando aún más los conflictos intrínsecos del sistema capitalista.
La transnacionalización, para completar el cuadro, pone fuera de la Argentina los centros de decisión de las políticas de precio, rentabilidad y salariales de las empresas radicadas en el país.
Desde el punto de vista cultural también se han sufrido retrocesos importantes, la falta de un discurso alternativo ha operado a favor del monocorde e irreflexivo en línea con las necesidades de los sectores privilegiados de la sociedad argentina, esto se ha logrado por el control de los medios de comunicación en manos concentradas, hecho que ha sido propiciado y subsidiado por el poder estatal vía la publicidad oficial.
Esos procesos han llevado al afianzamiento de monopolios y oligopolios de composición accionaria mayoritariamente extranjera, que en complicidad con políticas de Estado complacientes, se han apropiado de las rentas y superentas producidas por el trabajo argentino.
En síntesis los procesos político-económicos-sociales desarrollados desde la salida de la dictadura militar no han cambiado las tendencias que se avizoraban en aquel entonces, incluso profundizándose en algunos puntuales gobiernos.
Veinticinco años de democracia deberían ser suficientes para empezar un debate franco acerca de la necesidad de construir un programa común de los sectores populares que permita enfrentar con éxito la batalla por corregir las desigualdades sociales, basado en políticas públicas permanentes que procuren una efectiva y real distribución del producto nacional.
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