La principal meta de la política económica gubernamental es mantener los niveles de empleo de la población en sus mínimos posibles, y que la distribución de la renta sea equitativa entre los sectores sociales. Para ello, los economistas fijamos objetivos, y entre los más importantes se encuentra aumentar las riquezas de la sociedad (objetivo de crecimiento) manteniendo a raya el nivel de precios de la economía (objetivo de inflación), y debemos proponer una política redistributiva para lograr el transbasamiento de recursos entre las clases sociales a efectos de corregir las fallas que los mercados producen en materia distributiva.
A su vez, la economía puede atravesar por condiciones excepcionales, sean estas malas o buenas, que se pueden presentar debido a dos tipos de situaciones, o bien pueden ser producto de un evento aleatorio de carácter externo, o bien consecuencia de la política económica adoptada por los gobiernos nacionales. Saber aprovechar las condiciones externas excepcionalmente buenas indudablemente ayuda a solventar las excepcionalmente malas, y por consecuencia utilizar demagógicamente las riquezas generados en épocas de bonanza implicará necesariamente mayores perdidas futuras.
Desde 2003 hasta mediados de 2008 la Argentina viene creciendo a tasas extraordinariamente altas (un promedio del 8% anual aproximadamente) en el marco de una situación internacional por demás favorable, con un modelo que podríamos señalar como distributivo centrifugo, en donde el Estado extrae fondos de las superganancias de los sectores más favorecidos por el crecimiento, y esos recursos son volcados en las poblaciones urbanas concentradas (de sobremanera en el Conurbano Bonaerense y otras aglomeraciones similares del país), con un criterio mas electoral que económico social. Esta redistribución se ejerce mediante subsidios a bienes y servicios (gas, electricidad, créditos blandos, automóviles, etc.), cuyo efecto final fue claramente regresivo.
La coyuntura fiscal argentina presenta fuertes señales de crisis producto exacerbación de las políticas precedentes, a titulo de ejemplo durante el primer semestre del año se aumentaron las transferencias mas de un 40%, así como las remuneraciones pagadas por el Estado Nacional tuvieron aumentos del mismo orden. Sumado a ello la recesión imperante ha impactado fuertemente en la recaudación, haciendo descender el superávit primario en un 65%, y ha puesto en rojo el resultado financiero de la Argentina. Esta expansión por encima de las posibilidades financieras provocará una fuerte tensión en las finanzas públicas del segundo semestre, y esta no será neutral en términos sociales.
En tanto los indicadores sociales muestran señales de deterioro en todas las mediciones privadas y publicas, lo cual nos advierten el fracaso de las políticas populistas implementadas por los Kirchner, y es de esperar que las mismas empeoren en los próximos meses por el impacto de la recesión y las restricciones presupuestarias, sobre todo en las clases más desprotegidas.
Lo anterior se plasma en los aumentos tarifarios de luz y gas implementados, los aumentos de los costos de educación y salud, la paralización postelectoral de la obra publica, e inflación superior al 15% anual que carcome el poder adquisitivo de los salarios, todo ello se transforma en un ajuste de hecho, en el cual los sectores más perjudicados son las clases medias y bajas.
Ciertamente se imponen cambios profundos en los mecanismos de redistribución de la riqueza del país, por un lado, es necesario que la política tenga un profundo sentido federal, y que desde el Estado se ayude a desconcentrar las aglomeraciones urbanas, creando incentivos para la radicación y mantenimiento de poblaciones rurales que eviten nuevas dislocaciones.
Por otro lado, desde el Estado debe garantizar un ingreso mínimo familiar de carácter amplio y universal, que asegure la salud, educación y alimentación de todos los sectores sociales y etarios haciendo especial incapie en los más sensibles como la niñez y los adultos mayores.
En síntesis, la administración de los recursos públicos se deben reorientar a la transformación productiva social de la Argentina, generando infraestructura y condiciones sociales para la desconcentración económica-urbana, y a su vez generar una red de contención social que redistribuya en forma progresiva los ingresos con un carácter universal, y no desde una perspectiva clientelista.
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