No es una novedad que la economía argentina navega por aguas cada vez más turbulentas, los holgados superávit primarios ya son cosa del pasado, y la necesidad de endeudarse en los mercados internacionales de crédito cada vez más evidente.
Tampoco es nuevo que un gobierno experto en maquillaje siga blandiendo banderas progresistas para justificar políticas regresivas, y que en forma permanente se corran los ejes de discusión mientras ejecuta medidas que en el final del túnel provocarán perdidas de bienestar para la economía en su conjunto, y en particular para los sectores menos protegidos.
La conjunción de ambas cuestiones lleva al Gobierno Nacional a utilizar de manera de creciente los superávit de algunas cajas estatales para financiar el desmanejo presupuestario que nos tiene acostumbrados (p.e., en lo que va de 2009 se utilizaron más de $ 37.000 millones pertenecientes a PAMI, ANSES y otros organismos), en esa línea podemos establecer la nueva compra por parte del PAMI de manera compulsiva por un monto de $ 1630 millones de Letras de Tesorería anunciada recientemente.
Esta decisión tiene varias aristas de análisis que trataremos de abordar: por un lado, muestra en forma palmaria la imposibilidad de financiarse en los mercados de crédito producto de la desconfianza que aún existe hacia el país por el default del 2001, agravado por los default encubiertos que significan el falseamiento de los datos que se producen por la manipulación de los resultados del INDEC. Por otro, nos revela el grado de improvisación del gobierno que durante la fase expansiva del ciclo económico (2003-segundo semestre 2008) no fue capaz de acumular un fondo de reservas fiscales para realizar políticas contracíclicas en la actualidad. A su vez pone en evidencia una enorme contradicción conceptual cuando en el medio de una marea de críticas hacia las políticas de los noventa, su política económica más efectiva es esperar que el viento de cola comience nuevamente a soplar para sacar a la economía de la recesión, es decir, seguimos esperanzados en que los mercados resuelvan nuestros problemas de estancamiento recurrente sin tener una estrategia de mediano y largo plazo que ponga a la Argentina en un sendero de desarrollo sustentable.
Pero lo más grave que denuncia este nuevo endeudamiento compulsivo de la obra social de nuestros jubilados es que pone en evidencia el desprecio institucional que tiene el kirchnerismo, ya que la maniobra cuestionada no sería posible sin que dicho organismo este intervenido. La pregunta es ¿un directorio conformado por los representantes naturales del organismo (los jubilados) aceptaría utilizar sus fondos excedentes para pagar deuda externa, o tendría para ese volumen de dinero usos alternativos para la mejora de la calidad de vida de ese sector?.
La respuesta más que probablemente negativa nos hace reflexionar sobre la necesidad de regularizar este tipo de situaciones, así como de otras instituciones de nuestro País en forma urgente. La calidad institucional es la piedra angular para establecer políticas de estado que permita iniciar el camino de un desarrollo sostenido en materia económica, en la cual la utilización de los recursos públicos en forma transparente sea el mecanismo de redistribución para lograr la equidad social anhelada, y no el manotazo de ahogado de una política económica cada vez más a la derecha.
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